La Constitución de Venezuela reconoce a sus poblaciones indígenas, pero sus derechos son pisoteados por el ilegítimo régimen Maduro.
Mientras tanto, la Asamblea Nacional, bajo la dirección del legítimo presidente interino Juan Guaidó, está trabajando para asegurar que los pueblos indígenas sean parte del proceso democrático.
Los pueblos indígenas constituyen el 2,8 por ciento de la población de Venezuela. El gobierno reconoce oficialmente a más de 51 grupos diferentes.
Muchos de los grupos viven cerca o en el Arco Minero del Orinoco, 112.000 kilómetros cuadrados de tierra en el cinturón medio de Venezuela que tiene ricos yacimientos de oro, diamantes, coltán y bauxita.
La tierra también está ocupada por grupos armados colombianos y otros que trabajan para el régimen de Maduro, que busca obtener ganancias con la venta de los minerales extraídos.
Lamentamos el asesinato de 5 víctimas indígenas en la parroquia Ikabarú en Venezuela. Estas son las últimas muertes, sin contar con las docenas de asesinatos que ya han sucedido en el estado Bolívar efectuado por bandas criminales que explotan el sector minero para empoderar… a Maduro. No se equivoquen, este régimen es asesino y criminal.
— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) 24 de noviembre de 2019
Los grupos indígenas que viven cerca de los sitios mineros se ven obligados a trabajar contra su voluntad como mineros. Incluso aquellos que no están obligados a trabajar como mineros están expuestos a niveles peligrosos de mercurio en su abastecimiento de agua, según un informe reciente publicado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Las empresas mineras se han apoderado ilegalmente de tierras indígenas para ampliar el Arco Minero, desplazando así a los pueblos indígenas.
Y los traficantes de personas se aprovechan de las comunidades mineras, especialmente de las mujeres y niñas indígenas, según el Informe sobre la Trata de Personas 2020 del Departamento de Estado de Estados Unidos.
En enero del presente año en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Suiza, Guaidó indicó que hay que proteger a las poblaciones indígenas de acciones del régimen que utilizan el oro que puede ser caracterizado como “oro de sangre”.
Más allá de los abusos en las comunidades mineras, el régimen de Maduro sigue tratando de reprimir los derechos democráticos de la comunidad indígena. El Consejo Nacional Electoral controlado por Maduro cambió recientemente los derechos a votar consagrados constitucionalmente de los indígenas venezolanos, lo que hace más difícil que participen en su democracia.
La Asamblea Nacional condenó estas actuaciones rápidamente así como el Parlamento Amazónico.
Ambos foros instaron a los indígenas de Venezuela a “declarar la desobediencia civil ante este atropello en contra de sus derechos civiles y políticos”.
