La República Popular China (RPC) está intensificando los procesamientos infundados de uigures y otras minorías musulmanas, condenando a personas inocentes a años de prisión, según un nuevo informe.
En un informe del 24 de febrero, el grupo Human Rights Watch (HRW) afirma que el sistema judicial de la República Popular China en Sinkiang ha condenado a prisión a 250.000 uigures y otras minorías étnicas, y que los casos de los que se dispone de información pública sugieren que muchos son enjuiciamientos infundados basados en pocas pruebas.
“A pesar de la apariencia de legalidad, muchas de las personas que se encuentran en las cárceles de Sinkiang son personas normales y corrientes que fueron condenadas por llevar a cabo su vida y practicar su religión”, afirma Maya Wang, investigadora principal de HRW en China, en el informe “China: Baseless Imprisonments Surge in Xinjiang“ (“China: Encarcelamiento sin motivo aumenta en Sinkiang”, en inglés.
Pekín reprime con dureza los derechos humanos de los uigures y otros grupos minoritarios predominantemente musulmanes. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha calificado de genocidio el trato que da la RPC a los uigures.
Pekín ha internado a más de un millón de uigures y otros miembros de grupos minoritarios musulmanes desde 2017, y lleva a cabo una vigilancia masiva, trabajos forzados y esterilización en masa de mujeres pertenecientes a minorías, según afirman los grupos defensores de derechos.
Mientras que el internamiento de uigures por parte de la RPC en los llamados campos de “educación política” ha desatado la indignación, el informe de HRW indica un aumento de los juicios formales. Los tribunales de Sinkiang condenaron a prisión a 133.198 personas en 2018, en comparación con las 99.326 sentenciadas en 2017, un aumento del 34 % en solo un año.
Según el diario The New York Times (en inglés), la tasa de encarcelamiento de Sinkiang es más de cinco veces superior a la de otras partes de China.
Los “procesamientos infundados” se derivan de la “Campaña de mano dura contra el terrorismo violento” de la RPC, iniciada a finales de 2016. HRW dice que la supuesta campaña antiterrorista se dirige a las ideas religiosas o políticas que no se ajustan a la doctrina del Partido Comunista Chino y denota al islam túrquico como un “virus ideológico.”
Gene Bunin, fundador de la Base de datos de víctimas de Sinkiang, afirma que los uigures y otras minorías han recibido largas condenas de prisión sin un veredicto público o siquiera un juicio.
El informe señala que los uigures y los kazajos étnicos son condenados en virtud de leyes imprecisas, como la de “buscar peleas y provocar problemas”, o por escuchar contenidos “extremistas”.
Según HRW, las sentencias injustas incluyen:
- Dos años de prisión por enseñar el Corán a otros a través de la aplicación WeChat.
- Cinco años de prisión por ayudar a los uigures a transferir dinero a sus familiares en el extranjero.
- Diez años de prisión por explicar lo que está permitido y lo que está prohibido según la ley islámica.
“Las autoridades presionan a la policía, [a los fiscales] y a los tribunales para que cooperen para imponer castigos rápidos y duros, lo que lleva a juicios sumarios, a la tramitación de [un] gran número de casos en poco tiempo y a la suspensión de derechos procesales básicos según la legislación china”, afirma HRW en el informe.
