El hostigamiento y la censura de los medios de comunicación independientes y de los críticos del gobierno son habituales en la Federación Rusa. Una presunta ley llamada de “agentes extranjeros”, aprobada en 2012 y ampliada en repetidas ocasiones, permite al Ministerio de Justicia designar a grupos o individuos como “agentes extranjeros”, exponiéndolos a multas y hostigamiento que obstaculizan su trabajo.
En julio, las autoridades rusas procesaron al defensor de los derechos humanos Semyon Simonov (en inglés), que sacó a la luz el maltrato a los trabajadores de la construcción, por cargos penales presentados en relación con la ley de agentes extranjeros, informó la organización Human Rights Watch, que calificó el caso de “farsa.”
El mismo mes, las autoridades rusas cerraron efectivamente el medio de noticias de investigación The Project (en inglés) por considerarlo una organización indeseable y designaron a su director y a otros cuatro periodistas como “agentes extranjeros”. Los reportajes de The Project habían suscitado dudas sobre la manera en que un alto funcionario ruso obtuvo su riqueza.
En marzo, el defensor de mucho tiempo de los derechos humanos Lev Ponomaryov (en inglés) cerró su grupo “For Human Rights” (Por los derechos humanos), después de que Rusia aumentara las multas por violar su ley de “agentes extranjeros”.
“Tenemos un gran problema aquí”, declaró Ponomaryov en una entrevista televisada. “Estamos en una situación en la que miles de expertos que trabajan para mi organización en todo el país… pueden ser multados en masa ahora”.
Si bien las autoridades rusas establecieron falsos paralelismos entre la ley de “agentes extranjeros” que utilizan para reprimir la disidencia y una ley estadounidense que tiene un nombre parecido, ambas son muy diferentes.
La Ley de Estados Unidos de Registro de agentes extranjeros (FARA) solo exige a personas y organizaciones que revelen su trabajo en nombre de una entidad extranjera. En Rusia, la “ley de agentes extranjeros” es una de las principales herramientas del gobierno para reprimir y castigar a la disidencia.
Conforme a la ley rusa, cualquier persona que reciba fondos del extranjero puede ser designada “agente extranjero”, aun cuando no actúe bajo la dirección de una entidad extranjera. Casi todas las organizaciones fidedignas de derechos humanos en Rusia y muchos medios de comunicación independientes se han visto obligados a registrarse conforme a la ley rusa de “agentes extranjeros”.
Por el contrario, el registro de la ley FARA de Estados Unidos está compuesto casi en su totalidad por bufetes de abogados y de relaciones públicas contratados por entidades extranjeras para ejercer presión al gobierno de Estados Unidos. Los que no reciben órdenes de una parte extranjera no tienen que registrarse.
Los medios de comunicación que sí subcontratan decisiones editoriales de gobiernos extranjeros pueden seguir operando libremente en Estados Unidos. En mayo de 2019, un tribunal estadounidense ordenó a una empresa que emitía la programación de Radio Sputnik, de la agencia de noticias estatal rusa Rossiya Segodnya, que se registrara como agente extranjero debido a que su toma de decisiones editoriales era dirigida por el gobierno ruso. No obstante, Radio Sputnik sigue emitiendo libremente (en inglés) en ciudades de Estados Unidos, incluida Washington.
“El pueblo estadounidense tiene derecho a saber si un gobierno extranjero está detrás de un discurso transmitido en Estados Unidos”, dijo un funcionario del Departamento de Justicia después del caso. “Nuestra preocupación no es el contenido del discurso, sino brindar transparencia sobre la verdadera identidad del orador”.
Mientras tanto Rusia, sigue utilizando su ley para silenciar a los críticos y hostigar a los medios de comunicación independientes. Esos “agentes” enfrentan incursiones policiacas, restricciones a sus actividades y multas. La agencia reguladora estatal rusa de los medios de comunicación, Roskomnadzor, ha multado a Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) con más de 3 millones de dólares desde enero, congelado sus cuentas bancarias e inspeccionado sus oficinas en múltiples ocasiones.
El personal de RFE/RL se enfrenta a la posibilidad de ser procesado penalmente y a penas de cárcel, y el medio de comunicación sigue enfrentando requisitos calificados de indiscretos diseñados para reducir su audiencia.
RFE/RL es una organización noticiosa privada y sin fines de lucro que opera en países donde los gobiernos restringen o prohíben la libertad de prensa. Aunque es financiada a través de una subvención del gobierno de Estados Unidos, la independencia editorial de RFE/RL está protegida por la legislación estadounidense.
“La libertad de expresión y al acceso a la información objetiva y precisa por medios independientes son fundamentales para las sociedades democráticas prósperas y seguras”, señaló el secretario de Estado Antony Blinken el 2 de mayo.
