El régimen iraní está luchando para evitar el desastre económico luego de años de mala gestión de la economía y financiamiento del terrorismo por parte de su régimen.
Más de siete millones de iraníes han perdido sus empleos o han sido puestos en excedencia durante la crisis de COVID-19, recientemente admitió el portavoz del régimen Ali Rabiei según la Voz de América (VOA). Al Rabiei agregó que hasta el 35 por ciento de los iraníes están luchando para poder llegar a fin de mes.
Saheb Sadeghi, un analista especialista en Oriente Medio, escribió en un artículo público de opinión publicado el 5 de mayo en la revista Foreign Policy (en inglés) que las oscuras perspectivas económicas de Irán dejaban al presidente Hassán Rouhani con pocas opciones aparte de abrir los negocios a pesar de los temores de agravar la epidemia. Rouhani abrió los negocios a mediados de abril.
“Los ingresos del gobierno de Rouhani se han reducido dramáticamente”, escribe Sadeghi. Como resultado el régimen de Irán habría sufrido para mantener a flote la economía en caso de un cierre continuado de la economía como han hecho otros países, añade.
La economía de Irán estaba ya en situación difícil incluso antes de que COVID-19 apareciera. El Fondo Monetario Internacional predijo en octubre de 2019 que la economía de Irán se contraería en un 9,5 por ciento en 2020.
“Aún antes de que el virus surgiera la economía de Irán ya había colapsado, y ahora que a la gente se le ha dicho que debería quedarse en sus viviendas, todo ha empeorado”, afirmó Zartosht Ahmadi Ragheb, un líder de la oposición iraní, en declaraciones a la VOA el 14 de abril.
El problema ocurre luego de que durante años el régimen de Irán pusiera al financiamiento del terrorismo por encima de las necesidades diarias de los iraníes. En 2019 Rouhani extrajo 4.800 millones de dólares del Fondo Nacional de Desarrollo para pagar gastos de propaganda y terrorismo, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El líder supremo de Irán Alí Jomeini en principio descartó los temores ante el coronavirus diciendo que era “propaganda negativa” divulgada por los enemigos del régimen para reducir la participación de los votantes en la elección parlamentaria del 21 de febrero. El régimen también restó importancia a las consecuencias de la epidemia.
A mediados de abril la rama de investigación del parlamento de Irán informó que Irán había sufrido más de 8.700 muertes, casi el doble de las 4.777 muertes de las que el régimen había informado en ese momento, según Radio Farda. El panel también informó de 600.000 contagios, llegando a una cifra ocho veces por encima de las cifras publicadas por el régimen de 76.389 casos.
A pesar de que se agravaran las dificultades para el pueblo iraní a causa de COVID-19, el régimen de Irán sigue gastando en terrorismo los recursos de su pueblo. Estados Unidos ha impuesto sanciones que pretenden obligar al régimen a dejar de incentivar la violencia y a que gaste su dinero en su país.
En un decreto de marzo Jomeini incrementó el financiamiento del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), entidad designada por Estados Unidos como organización terrorista, un 33 por ciento por encima de la asignación del parlamento. También aumentó el financiamiento en casi un 50 por ciento para la Fuerza de Resistencia Basij, que utiliza a niños soldados para exportar terror y reprimir la disidencia interna.
