Mientras el mundo celebra el Día de los Derechos Humanos el 10 de diciembre, los crimeos habrán pasado más de un año y medio bajo la ocupación de Rusia, período durante el cual ha empeorado drásticamente la situación de los derechos humanos en la península.
Rusia ocupó Crimea en marzo de 2014, después de un referéndum falso que violó la Constitución ucraniana y el Derecho Internacional. Desde entonces, las autoridades de ocupación rusas tienen en la mira a los disidentes, a quienes persiguen y hostigan, y reprimen los medios independientes que, de lo contrario, informarían al mundo sobre estos abusos, según el periodista de Crimea Andrii Klymenko (en inglés).
Poco después de la ocupación, las autoridades rusas les dieron a los medios de comunicación de Crimea un año para obtener nuevas licencias rusas. Los medios de comunicación que no tenían una licencia rusa al vencimiento de este plazo tuvieron que hacer frente a multas, confiscación de equipos y cargos penales.
De los más de 3000 medios de comunicación que existían en Crimea antes de la ocupación, menos de 300 recibieron licencias, y a 11 de los 12 medios de comunicación independientes en idioma tártaro se les negó la posibilidad de obtener licencias y cerraron el 1 de abril de 2015.
Todos los que se opusieron a la ocupación rusa de Crimea, principalmente de origen ucraniano y tártaros de Crimea, “han sido sometidos a una creciente presión y control de la expresión pacífica de su cultura y sus opiniones políticas”, dijo Astrid Thors (en inglés), la alta comisionada para Asuntos de minorías nacionales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.
Las autoridades han abierto decenas de causas penales contra los opositores de la ocupación, que dieron por resultado detenciones preventivas que duraron meses, como también largas penas de prisión. Por ejemplo, el destacado cineasta ucraniano Oleg Sentsov y el activista Oleksandr Kolchenko están cumpliendo condenas de 20 y 10 años respectivamente. Los dos fueron tomados como rehenes (en inglés) en territorio ucraniano, trasladados a Rusia, encarcelados allí y obligados a adoptar la ciudadanía rusa. Denunciaron abusos por parte de las autoridades rusas, que limitaron su acceso a abogados, familiares y otros durante su detención preventiva.
También se expulsó de Crimea a destacados líderes tártaros, como Mustafa Dzhemilev, el dirigente de la Asamblea (mejlis), representativa de los tártaros de Crimea, y Refat Chubarov. Ambos líderes, que son también miembros del Parlamento de Ucrania, fueron considerados extremistas por las autoridades de ocupación.
Durante los meses que siguieron a la ocupación rusa, varios activistas tártaros de Crimea, fueron declarados desaparecidos. Por lo menos uno de ellos, Reshat Ametov (en inglés), ha sido encontrado muerto desde entonces, y su cuerpo mostraba señales de tortura. “Las autoridades de Crimea tienen la obligación de investigar este caso en profundidad y sancionar a los responsables, quienesquiera que sean”, dijo Rachel Denber del grupo defensor de derechos humanos “Human Rights Watch”
Las autoridades rusas han llevado a cabo redadas en hogares de tártaros, escuelas y mezquitas en Crimea y han cerrado la sede del consejo representativo tártaro, según Daniel Baer (en inglés), embajador de Estados Unidos ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.
Baer y otros en la comunidad internacional han recordado a todo el mundo que las sanciones relacionadas con Crimea permanecerán vigentes mientras continúe la ocupación rusa. Rusia debe “acabar con todos los abusos de derechos humanos cometidos contra los habitantes de Crimea”, dijo Baer. “También exhortamos a Rusia a poner fin a su ocupación de la península de Crimea, sin más demora”.
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