Cuando Gulbahar Haitiwaji regresó a Xinjiang (China), en noviembre de 2016 tras vivir una década en Francia, se encontró con una pesadilla. Había sido convocada por su empleador con el presumible objetivo de completar su trámite de jubilación. Sin embargo, las autoridades locales arrestaron a Haitiwaji y la enviaron a un campo de internamiento.
Su relato no es el único. Desde 2017, la República Popular China (RPC) ha detenido a más de un millón de uigures, que son predominantemente musulmanes, y a miembros de otros grupos étnicos y religiosos minoritarios en este tipo de campos.
“Cientos de veces, cuando los pasos de los guardias nos despertaban en la noche, pensaba que había llegado el momento de ser ejecutada”, escribe Haitiwaji sobre los dos años que pasó detenida en su relato “Rescapée du goulag chinois” (Sobreviviente de un gulag chino). Fragmentos de su libro, que se prevé será publicado en inglés en febrero, fueron divulgados por el diario The Guardian (en inglés).
Relata haber sufrido torturas y otros abusos antes de su liberación en agosto de 2019, luego que el gobierno francés interviniera en su favor.
Haitiwaji es una de los tantos sobrevivientes de los campos de internamiento de la RPC, cuyos relatos están ayudando a impulsar una denuncia internacional. Ella y Mihrigul Tursun, que también sobrevivió al internamiento en la RPC, testificaron ante el Tribunal Uigur (en inglés), una entidad no judicial formada por un grupo internacional de abogados, académicos y representantes de ONG, y establecido por el Reino Unidos en 2020 para investigar los abusos cometidos por la RPC en Xinjiang contra los uigures y contra otros.
Cuando Tursun regresó a Xinjiang desde Egipto, para visitar a su familia en mayo de 2015, fue detenida, y sus trillizos recién nacidos le fueron arrebatados. Sufrió interrogatorios, aislamiento y torturas, relata.
“Cada vez que era electrocutada mi cuerpo entero se sacudía violentamente y podía sentir el dolor en mis venas”, testificó ante el tribunal (PDF, 162 KB, en inglés) en junio de 2021. “Pensé que era preferible morir que volver a pasar por más de lo mismo, por lo que les rogaba que me mataran”.
Al ser liberada le informaron que uno de sus hijos había fallecido por complicaciones en su salud.
En diciembre de 2021, los juristas del Tribunal Uigur determinaron que la RPC había cometido crímenes contra la humanidad (PDF, 789 KB, en inglés) y genocidio contra los uigures.
Aunque estos anteriores detenidos relatan sus experiencias en Xinjiang, otros intentos de denunciar en escenarios internacionales el internamiento de los uigures han sido bloqueados. En abril de 2017 Dolkun Isa, defensor de los derechos uigures, no fue autorizado a asistir a una reunión de la ONU sobre asuntos indígenas, según la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
HRW afirmó que bloquear a Isa de asistir a la reunión de la ONU (en inglés) apunta “a preocupaciones mayores sobre el trato y protección a los activistas en derechos humanos que critican a China cuando tratan de participar en mecanismos de la ONU para los derechos humanos cuyo propósito es proteger los derechos de todos”.
Tursun publicó en enero su relato, titulado Ort ohne Wiederkehr (Lugar sin Retorno), escrito por la periodista alemana Andrea Hoffmann.
En su relato ante un panel del Congreso de Estados Unidos en 2018 dijo que “decidí avisarle al mundo sobre los campos de concentración ocultos que tiene China para que la gente que me torturó y otros fueran castigados por lo que hicieron y para que la voz de la gente inocente en esos campos pueda ser escuchada”.
Recientes acontecimientos indican que los relatos de los sobrevivientes de los campos de la RPC están teniendo efecto. En octubre de 2021 Estados Unidos, Francia, Luxemburgo, Bélgica y otros 39 países, en una declaración conjunta en las Naciones Unidas, instaron a la RPC a respetar los derechos humanos y permitir a observadores independientes “el acceso inmediato, significativo y sin trabas” a Xinjiang, citando informes sobre detenciones arbitrarias y otros abusos.
