Algunas veces un empleado de gobierno acepta un soborno, o roba un bien público o falla en servir adecuadamente al público. Esto también ocurre en Estados Unidos, aunque en Estados Unidos el gobierno toma estrictas medidas para erradicar la corrupción y castigar al culpable.
Simplemente pregunte a los empleados del hospital de veteranos que robaron información sobre las pacientes para presentar declaraciones de impuestos fraudulentas. O a los trabajadores federales que defraudaron un programa gubernamental para discapacitados.
Todos fueron acusados de cometer delitos y todos fueron sentenciados.
La corrupción debilita la capacidad del gobierno para ayudar a sus ciudadanos, y socava la confianza del ciudadano en su gobierno.
La manera más eficaz de combatir la corrupción es supervisar. Muchas naciones lo logran mediante agencias especiales que vigilan las actividades del gobierno, investigan conductas indebidas y aplican medidas para castigar al corrupto.
En Estados Unidos hay 71 agencias gubernamentales que tienen una Oficina del Inspector General (IG). Estas oficinas combaten el fraude, el desperdicio y el abuso. Para garantizar su independencia cada una informa tanto al titular de su agencia como al Congreso de Estados Unidos. De esa manera ningún organismo, incluyendo a sus líderes, puede impedir que un inspector realice una investigación, o influya indebidamente en su resultado.
El año pasado los inspectores federales consiguieron que se adjudicaran 5.500 convicciones por corrupción (en inglés) y ahorraron al contribuyente la suma de 45.000 millones de dólares.
Estados Unidos no es el único que combate la corrupción. Unos 133 países tienen instituciones tipo “defensor del pueblo” que trabajan como las oficinas de los IG en Estados Unidos.
Los ciudadanos pobres se pueden beneficiar al máximo cuando el gobierno no es corrupto. Hace poco el grupo Transparencia Internacional encuestó a 28 países del África subsahariana (en inglés) y descubrió que los pobres que respondían consideraban en una cantidad doble que los ricos que existe la necesidad de pagar sobornos. Esto es porque los ciudadanos pobres tienen menos acceso a los servicios privados y por ello dependen más de que el gobierno aporte escuelas, hospitales y otros servicios.
El presidente Obama concuerda. Ha dicho que la corrupción “frena todos los aspectos de la vida económica y ciudadana”. Resolverlo exige “el compromiso de todo el país, líderes y ciudadanos, para cambiar los hábitos y cambiar la cultura”.
