Estados Unidos impone sanciones a los militares birmanos responsables de los ataques a manifestantes pacíficos, como parte del amplio apoyo de Estados Unidos al pueblo birmano.
El ejército birmano ha reprimido los llamamientos del pueblo birmano para restaurar la democracia tras el golpe militar del 1 de febrero, deteniendo a opositores políticos y matando a cientos de manifestantes pacíficos y otros miembros del público.
En respuesta, el gobierno de Estados Unidos ha sancionado recientemente a funcionarios y unidades militares birmanas responsables de la escalada de violencia, así como a dos empresas que apoyan a los militares.
Estas acciones continuarán “apuntando a los líderes golpistas, los intereses económicos de las fuerzas armadas y sus fuentes de financiamiento que apoyan la brutal represión de las fuerzas armadas de Birmania”, declaró el 25 de marzo el secretario de Estado Antony J. Blinken. “No están dirigidas al pueblo de Birmania”.
Las recientes designaciones de Estados Unidos se dirigen al jefe de la policía birmana, Than Hlaing, y a un comandante de la Oficina de Operaciones Especiales, el teniente general Aung Soe. Otras sanciones estadounidenses están dirigidas a divisiones militares responsables de ataques a manifestantes.
Miembros de la 33 ª División de Infantería Ligera dispararon contra una multitud en Mandalay el 20 de febrero, mientras que tanto la 33 ª como la 77 ª División de Infantería Ligera apoyan los planes del ejército birmano de utilizar la fuerza letal, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Estados Unidos también designó a dos empresas que apoyan financieramente a los militares: la Myanmar Economic Holdings Public Company Limited y la Myanmar Economic Corporation Limited.
Las designaciones siguen a las sanciones de Estados Unidos, emitidas en febrero, contra funcionarios birmanos, actuales o antiguos (en inglés), afiliados al régimen militar o responsables del golpe de Estado o de los ataques a los manifestantes.
El 22 de marzo, la Unión Europea también designó a 11 personas en relación con el golpe de Estado y la violencia posterior, entre las que se encuentran algunos funcionarios que ya habían sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos.
El gobierno de Estados Unidos está ofreciendo un estatus temporal a unos 1.600 ciudadanos birmanos para protegerlos de volver a un país asediado por la violencia. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, designó a Birmania para el estatus de protección temporal el 12 de marzo, haciendo que los birmanos que están en Estados Unidos puedan permanecer durante 18 meses.
“Estados Unidos está conmocionado y profundamente entristecido por los informes de que las fuerzas de seguridad birmanas siguieron utilizando la fuerza letal contra el pueblo de Birmania”, declaró el 25 de marzo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, señalando el asesinato de al menos 27 personas, incluidos niños, días antes.
“Estos aborrecibles y brutales actos contra niños, una de ellos de tan sólo siete años que fue disparada y muerta en su casa mientras estaba sentada en el regazo de su padre, demuestran aún más la horrible naturaleza del asalto del régimen militar birmano a su propio pueblo”.
