El gobierno de Estados Unidos está tomando medidas para abordar el asunto de los campos de trabajos forzados en la región china de Sinkiang. El Partido Comunista Chino está reprimiendo a millones de uigures y otras minorías étnicas principalmente musulmanas allí, utilizando campos de “reeducación”, la esterilización por la fuerza y la destrucción de los sitios religiosos.
Estados Unidos está bloqueando la importación de productos fabricados con trabajos forzados, sancionando a empresas y funcionarios chinos responsables de los abusos y advirtiendo a las compañías estadounidenses de que no se asocien con empresas de Sinkiang que puedan ser cómplices de violaciones de los derechos humanos.
En julio, los funcionarios del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos interceptaron trece toneladas de productos capilares (en inglés) procedentes de Sinkiang y se sospecha que en su producción se utilizó mano de obra forzada. La interceptación de los productos siguió al bloqueo de importaciones de la agencia a nivel nacional de una empresa sospechosa de utilizar mano de obra forzada en Sinkiang.
“La producción de estos bienes constituye una violación muy grave de los derechos humanos”, dijo Brenda Smith, la comisionada asistente ejecutiva de la Oficina de Comercio del Servicio de Protección de Aduanas y Fronteras (CBP).
Desde 2017, el Partido Comunista Chino ha encarcelado a más de 1 millón de uigures y otras minorías étnicas en campos de internamiento en Sinkiang. La campaña para eliminar la cultura, religión e idioma de los uigures incluye la destrucción o conversión de mezquitas, los matrimonios forzados, la esterilización masiva de mujeres de las minorías y los trabajos forzados.
Para detener el trabajo forzado en su origen, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el 31 de julio a la Corporación de Producción y Construcción de Sinkiang (XPCC) por su conexión con graves abusos de los derechos de las minorías étnicas en Sinkiang.
El XPCC, una organización paramilitar que responde al Partido Comunista Chino, controla el 20 por ciento de la actividad económica en Sinkiang y opera más de 800.000 subsidiarias, según un analista de cadenas de suministro (en inglés).
Las sanciones congelan los activos del XPCC y sus subsidiarias y le impiden acceder al sistema financiero estadounidense o hacer negocios con empresas estadounidenses.
“Estados Unidos está comprometido a utilizar el alcance pleno de su poder financiero para hacer responsables a los que abusen de los derechos humanos en Sinkiang y en todo el mundo”, dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos Steven T. Mnuchin en declaraciones del 31 de julio.
El movimiento viene después de que Estados Unidos el 9 de julio sancionara a Chen Quanguo, el secretario del Partido Comunista Chino en Sinkiang, que supervisa los campos de internamiento. Chen también supervisa el XPCC.
Estados Unidos trabaja con empresas que se asocian con empresas en China para liberar sus cadenas de suministro de trabajos forzados. Las agencias del gobierno de Estados Unidos emitieron el 1 de julio una directiva sobre negocios con la cadena de suministro de Sinkiang advirtiendo de los riesgos legales, económicos y a la reputación de hacer negocios con empresas chinas involucradas en abusos de los derechos humanos.
“Nadie quiere comprar productos, productos baratos, que fueron hechos con trabajo esclavo en el occidente de China”, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos Michael R. Pompeo en su momento.
