Los funcionarios que le roban a la gente a la cual se supone deben ayudar deben pagar un precio por ello. Y eso es lo que sucedió en Arizona esta semana.
Según un informe de Prensa Asociada (en inglés), un exfuncionario de Arizona cumplirá una condena en prisión de 10 años y tendrá que devolver a los contribuyentes los 5,9 millones de dólares que admitió haber robado de un programa estatal de salud destinado a personas de escasos recursos.
Esta semana, Michael John Veit, de 64 años, recibió su sentencia en un juzgado. Antes de ser despedido el pasado mes de agosto, Veit supervisaba el suministro de artículos de oficina y otros contratos para el programa Medicaid de Arizona, pero en vez de pagar por los servicios, millones de dólares acabaron en manos de sus familiares y amigos.
La fiscal Mary McGary afirmó al respecto: “Recuerden que el dinero que entregó a otros no le pertenecía”.
En todo el mundo, todos los años, funcionarios corruptos pagan en sobornos o se roban 3,5 billones de dólares.
La administración Obama ha intensificado los esfuerzos destinados a acabar con el fraude antes de que este ocurra, recuperar pagos fraudulentos y enjuiciar a los estafadores. El año pasado, los esfuerzos antifraude consiguieron recuperar más de 3.350 millones de dólares (en inglés) que fueron utilizados incorrectamente en programas gubernamentales del sector salud.
La agenda de Estados Unidos (en inglés) en términos de lucha contra la corrupción y los sobornos es exhaustiva. Esta comprende la promoción de la transparencia financiera y las restricciones impuestas a las empresas ficticias, tal como se destaca en esta columna de Tom Malinowski (en inglés), secretario de Estado para Asuntos de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo.
