Desde el año 2017 Estados Unidos ha sancionado a personas, empresas y entidades petroleras asociadas con el exrégimen de Maduro, tanto dentro como fuera de Venezuela.
¿Porqué son necesarias las sanciones y en realidad quién siente su efecto?
Las sanciones de Estados Unidos están diseñadas para asegurar que Maduro y sus compinches no se beneficien de las operaciones ilegales de minería de oro, de las operaciones petroleras estatales o de otras transacciones comerciales que permitan las actividades criminales del régimen y los abusos a los derechos humanos.
Por ejemplo, las sanciones petroleras están diseñadas para “cortar esas fuentes de ingresos financieros y evitar que la industria petrolera sea explotada para patrocinar nada”, dijo Carrie Filipetti, del Departamento de Estado, ante una comisión del Senado de Estados Unidos (en inglés) en 2020.
Los economistas coinciden en que las sanciones de Estados Unidos no son responsables del declive de la economía venezolana. De acuerdo con un estudio de la Institución Brookings y de la Universidad de Harvard (en inglés), “al analizar varios resultados socioeconómicos en Venezuela a lo largo del tiempo, se observa claramente que el peso del deterioro de las condiciones de vida ocurrió mucho antes de que las sanciones fueran aplicadas en 2017”.
Aun cuando el gobierno de Estados Unidos impone sanciones a personas y empresas partidarias de Maduro, no disminuye la cantidad de asistencia que contribuye a Venezuela.
El gobierno de Estados Unidos aportó más de 656 millones de dólares en ayuda para salvar vidas (en inglés) al pueblo venezolano entre 2017 y 2019.
Si bien el gobierno estadounidense ha impuesto sanciones a personas y organizaciones, las “sanciones no tienen que ser permanentes (en inglés) para quienes quieran contribuir al futuro democrático de Venezuela”, explicó Elliott Abrams del Departamento de Estado en 2020. Pero “quienes se sigan beneficiando o apoyen a Maduro deben estar sobre aviso”.
Una versión previa de este artículo fue publicada el 12 de marzo de 2020.
