Tras criticar la respuesta del gobierno venezolano ante COVID-19 en abril, el abogado de derechos humanos Iván Virgüez fue detenido y torturado por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro.
El reportero chino Zhang Zhan viajó a Wuhan (China) en febrero de 2020 para informar sobre el brote de coronavirus en la ciudad y posteriormente fue condenado a cuatro años de prisión. El delito del periodista: “provocar problemas”.
“Sólo estoy documentando la verdad”, dijo Zhan en una vista en diciembre. “¿Por qué no puedo mostrar la verdad?”.
En un informe publicado el 11 de febrero por el grupo Human Rights Watch (HRW) este afirma que los regímenes de Venezuela y la República Popular China se encuentran entre los más de 30 gobiernos que han utilizado la pandemia de COVID-19 para justificar la amenaza o el castigo de los críticos.
El informe, titulado “El Covid-19 propicia oleada de abusos contra la libertad de expresión“, señala que los gobiernos autoritarios han perseguido a los críticos, han cerrado medios de comunicación y han promulgado leyes vagamente redactadas para tipificar como delito la expresión, todo ello bajo el pretexto de proteger al público de COVID-19.
Estados Unidos protege la libertad de expresión como parte esencial de la democracia. El derecho a hablar libremente sin que el gobierno lo reprima o restrinja está consagrado en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, junto con las libertades de culto, prensa y reunión, y el derecho a solicitar al gobierno la reparación de agravios. Estas cinco libertades permiten a los ciudadanos participar plenamente en la sociedad, autogobernarse, exigir responsabilidades a los funcionarios elegidos y protestar pacíficamente.
El informe de HRW afirma que los gobiernos de países como China, Cuba, Egipto, Rusia y Venezuela han utilizado la pandemia de COVID-19 para justificar restricciones a la expresión que afectan a un gran número de personas.
Al menos 52 países han aprobado leyes o reglamentos que penalizan la información considerada indeseable sobre COVID-19. Las autoridades de 18 países han agredido físicamente a periodistas o blogueros que informaban sobre COVID-19, según el informe. Ocho países han despedido a personal médico por mencionar la respuesta oficial a la crisis.
Las autoridades egipcias detuvieron al médico Ibrahim Bediwy en mayo después de que advirtiera que los médicos que critican la respuesta del gobierno al COVID-19 corren riesgos, según el informe. Fue acusado de terrorismo y estuvo detenido hasta enero.
“Los gobiernos deben contrarrestar la COVID-19 animando a la gente a usar mascarilla, no a callarse”, afirma en el informe Gerry Simpson, director asociado de crisis y conflictos de HRW. “Golpear, detener, perseguir y censurar a los críticos pacíficos viola muchos derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión, a la vez que no hace nada para detener la pandemia”.
