Nuevas evidencias indican que el Partido Comunista de China (PCC) está obligando a los uigures, personas de etnia kazaja y a otras minorías musulmanas a trabajar en fábricas en condiciones brutales por toda China, no solamente en Sinkiang al noroeste de China.
Esta expansión de la opresión de las minorías musulmanas por parte del Partido Comunista de China es la conclusión a la que llegan dos informes divulgados en marzo, uno del Instituto Australiano de Políticas Estratégicas (Australian Strategic Policy Institute, ASPI), un centro de investigaciones con sede en Canberra, y otro de la Comisión Ejecutiva Congresional sobre China (CECC), una comisión bipartidista de miembros del Congreso de Estados Unidos y funcionarios de gobierno, establecida para estudiar los derechos humanos y el estado de derecho en China.
Ambos informes ofrecen más detalles del amplio y sistemático programa del PCC de trabajos forzados para minorías musulmanas y abusos de derechos humanos.
“Desde hace mucho tiempo el Partido Comunista de China se ha salido con la suya por el uso sistemático de los trabajos forzados con los musulmanes uigures y otras minorías musulmanas túrquicas en Sinkiang”, dijo Marco Rubio, senador republicano de Estados Unidos, de Florida, y uno de los copresidentes de la CECC, durante la presentación del informe de la CECC [PDF, 1.9 MB, en inglés] el 11 de marzo.
Desde abril de 2017 más de un millón de uigures, kazajos, kirguizos y otros grupos musulmanes minoritarios han estado cautivos en campos de internamiento en Sinkiang.
Los campos están diseñados para inculcar el patriotismo y borrar las identidades religiosas y étnicas. Se ha dicho que en esos campos los guardias golpean y torturan a los prisioneros y los obligan a renunciar al islam.
El instituto ASPI dice que su informe “expone una nueva fase en la campaña de reingeniería social de China enfocada en los ciudadanos minoritarios”.
Como señalan los dos nuevos informes, el PCC ha ampliado el abuso de esos grupos, incluyendo el obligarlos a trabajar por poca o ninguna paga, bajo condiciones crueles y coercitivas, y no solamente en Sinkiang.
El informe de ASPI detalla cómo las autoridades chinas transfirieron a más de 800.000 detenidos directamente de uno de los “campos de reeducación” en Sinkiang a fábricas textiles y electrónicas en toda China. Las autoridades gubernamentales vigilan estrictamente a los trabajadores en esas fábricas. Los trabajadores no pueden negarse a trabajar sin el riesgo de que sus familias vayan a ser arrestadas. Sus movimientos son limitados y no pueden retornar libremente a sus domicilios en Sinkiang.
“Como he dicho antes el historial del PCC en Sinkiang es la mancha del siglo”, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos Michael R. Pompeo el 11 de marzo al presentar el Informe del Departamento de Estado 2019 sobre Derechos Humanos (en inglés), que detalla la “tortura sistemática y otros tratos degradantes” por parte de China a sus minorías étnicas.
