El Partido Comunista Chino (PCC) obliga a sus críticos y activistas a confesar públicamente sus delitos previo a los juicios, violando las leyes chinas y el derecho internacional, afirman grupos de derechos humanos.
En un informe reciente presentado a las Naciones Unidas (PDF, 1MB, en inglés), grupos de derechos humanos, entre ellos Safeguard Defenders y Human Rights Watch indicaron que el PCC extrae a la fuerza de sus críticos confesiones que luego son televisadas en el canal estatal en una burla del proceso debido y el derecho a un juicio justo.
“Las confesiones forzosas televisadas son parte de una cadena sistemática y amplia de abusos a los derechos humanos perpetrada con el fin de servir a los intereses políticos del PCC”, según el informe. “Hay muy poco que pueda distinguirlas de las repugnantes prácticas de las audiencias públicas en la era de Mao o de los infames juicios-espectáculo de Stalin”.
La presentación del grupo sobre “la práctica de China de extraer y divulgar confesiones forzadas antes de un juicio” documenta 87 casos desde el año 2012, en que la seguridad pública o la policía han forzado las confesiones previas a juicios que luego son difundidas por los medios gestionados por el Estado.
Los grupos urgen a las Naciones Unidas a recomendar a los líderes de China que apliquen reformas legales para frenar las confesiones forzadas televisadas y fortalezcan las protecciones del debido proceso.
El PCC apunta a críticos o a supuestos enemigos para extraer confesiones forzosas de acuerdo a vagas órdenes de seguridad nacional o pública como “buscar pelea y provocar problemas“, dice el informe. Entre las víctimas figuran abogados, activistas de derechos, periodistas y blogueros, así como uigures, un grupo étnico minoritario perseguido y sometido al internamiento masivo en la región de Sinkiang por el PCC.
El informe califica a las confesiones forzadas del PCC como un ataque a la dignidad humana y al derecho básico de un debido proceso y un juicio justo. Indica que la práctica está vinculada con la tortura, las amenazas y los arrestos arbitrarios, que muestran que la República Popular China carece de un sistema legítimo de justicia penal.
La difusión de las confesiones forzosas por los medios estatales de China los hace cómplices de los abusos, agrega el informe. La filmación de las confesiones con frecuencia es cuidadosamente coreografiada para maximizar su valor propagandístico, obligando a los prisioneros a leer o memorizar una confesión redactada, y luego se hacen ensayos hasta que los funcionarios de seguridad de China se dan por satisfechos.
“Las confesiones televisadas por China son graves violaciones tanto a las leyes nacionales como al derecho internacional de los derechos humanos”, indica el informe. “El uso por China de las confesiones forzadas merece la urgente atención mundial a medida que Pekín acelera su agresivo empuje para globalizar sus medios estatales”.
