En tiempos de guerra o amenazas graves, Estados Unidos no siempre han seguido sus ideales más altos. Pero el pueblo estadounidense y su gobierno actúan para restaurar sus derechos y libertades civiles así como los de otros. El autor, Geoffrey R. Stone, es profesor de servicio distinguido “Edward H. Levi” en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago.
Una lección importante de la historia estadounidense es que Estados Unidos tiende a restringir excesivamente las libertades civiles en tiempos de guerra. En cierto sentido, esto es comprensible, dado que la guerra alimenta el miedo y el miedo alimenta la represión. Pero como sociedad autogobernada que aspira a respetar las libertades de todas las personas, Estados Unidos debe hacer un esfuerzo por disciplinarse y respetar la libertad individual incluso en tiempos de guerra. Una pregunta crucial es si podemos aprender las lecciones de nuestra propia historia.
En este ensayo, revisaré brevemente la experiencia estadounidense en 1798, la Guerra Civil, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y luego ofreceré algunas observaciones.
En 1798, menos de una década después de la adopción de la Carta de Derechos estadounidense, Estados Unidos se vio envuelto en una guerra europea que estalló entre Francia e Inglaterra. Un amargo debate político dividió a los federalistas, quienes favorecían a los ingleses, y los republicanos, que favorecían a los franceses. Los federalistas estaban en el poder en aquel momento, y el gobierno del presidente John Adams inició una serie de medidas defensivas que pusieron a Estados Unidos en un estado de guerra no declarada con Francia.
Los republicanos se opusieron ferozmente a estas medidas, llevando a los federalistas a acusarlos de desleales. El presidente Adams, por ejemplo, declaró que los republicanos “hundirían la gloria de nuestro país y postrarían sus libertades a los pies de Francia”. Contra este telón de fondo, los federalistas sancionaron las Ley de Extranjería y la Ley de Sedición de 1798. La Ley de Extranjería daba poder al presidente para deportar a cualquier no ciudadano que él considerase peligroso para la paz y seguridad de Estados Unidos. La ley negaba al no ciudadano el derecho a tener una vista, o a presentar evidencia o a solicitar revisión judicial.
La Ley de Sedición prohibía en efecto toda crítica hacia el gobierno, el Congreso o el presidente con intención de desacato o de desprestigiarlos. Esta ley fue aplicada vigorosamente, pero solamente contra los que apoyaban al partido Republicano. Se realizaron procesos judiciales contra todos los periódicos republicanos importantes y contra los republicanos más abiertamente críticos del gobierno de Adams.
La Ley de Sedición expiró el último día del mandato de Adams. El nuevo presidente, Thomas Jefferson, líder del partido Republicano, indultó a todos aquellos que habían sido condenados en virtud de dicha Ley, y 40 años después, el Congreso reembolsó todas las multas. La Ley de Sedición fue un factor crucial en la caída del partido Federalista, y el Tribunal Supremo ha reiterado consistentemente que la Ley de Sedición de 1798 fue juzgada como inconstitucional en el “tribunal de la historia”.
Durante la Guerra Civil, el país se enfrentó a su desafío más grave. Había lealtades fuertemente divididas, los límites militares y políticos no estaban claros, había oportunidades fáciles para el espionaje y el sabotaje, y más de 600.000 muertes en combate. En tales circunstancias, y ante la generalizada y frecuentemente férrea oposición a la guerra, el reclutamiento militar y la Proclama de Emancipación, el presidente Abraham Lincoln tuvo que equilibrar los intereses en conflicto de la necesidad militar y la libertad individual.
Durante el curso de la Guerra Civil, Lincoln suspendió el derecho de habeas corpus en ocho ocasiones. (El derecho de habeas corpus permite a un tribunal decidir si un individuo está siendo detenido ilegalmente por el gobierno. La constitución permite que el derecho se suspenda solamente “cuando casos de rebelión o invasión de la seguridad pública” así lo requieran). La más extrema de estas suspensiones, que se aplicó por todos los Estados Unidos, autorizaba a los militares a tomar detenidas a “todas las personas… culpables de cualquier práctica desleal”. En virtud de esta autoridad, oficiales militares arrestaron y encarcelaron hasta 38.000 ciudadanos sin procedimientos judiciales ni revisión judicial de la legalidad de los arrestos.
En 1866, un año después de que finalizara la guerra, el Tribunal Supremo decidió ex parte en el caso Milligan que Lincoln había excedido su autoridad constitucional, sosteniendo que el presidente no podía suspender constitucionalmente el derecho de habeas corpus, incluso en tiempo de guerra, si los tribunales civiles regulares estaban abiertos y en funcionamiento.
La historia de las libertades civiles durante la Primera Guerra Mundial es, en gran modo, aún más perturbadora. Cuando Estados Unidos se unió a la guerra en abril de 1917, había una fuerte oposición tanto a la guerra como al reclutamiento militar. Muchos ciudadanos argumentaron que el objetivo de Estados Unidos no era “hacer que el mundo fuese seguro para la democracia”, sino proteger las inversiones de los ricos. El presidente Woodrow Wilson tuvo poca paciencia para tal disentimiento. Advirtió que la deslealtad “debe ser eliminada” de la existencia y que la deslealtad “… no era un tema sujeto a… debate”. Los individuos desleales, explicó, “habían sacrificado su derecho a las libertades civiles”.
Poco después de que Estados Unidos entrase en la guerra, el Congreso aprobó la Ley de Espionaje de 1917. Aunque la ley no estaba dirigida al disentimiento en general, fiscales federales agresivos y jueces federales cumplidores la transformaron rápidamente en una prohibición generalizada de declaraciones sediciosas. La intención del gobierno a este respecto se hizo evidente en noviembre de 1917 cuando el secretario de Justicia Thomas Watt Gregory, refiriéndose a los disidentes de la guerra, declaró: “Que Dios se apiade de ellos, porque no deben esperar piedad de un pueblo indignado y un gobierno vengador”.
(vídeo en inglés)Si bien el pueblo estadounidense ha aceptado restricciones de las libertades civiles en tiempos de guerra, algunos critican, e incluso parodian, lo que consideran como medidas excesivas.
Durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno procesó a más de 2.000 disidentes por oponerse a la guerra o al reclutamiento militar, y en un ambiente de temor, histeria y clamor, la mayoría de los jueces fueron rápidos en administrar severos castigos —a menudo de 10 a 20 años de cárcel— para los considerados desleales. El resultado fue la supresión de todo debate verdadero sobre los méritos, la moralidad y el progreso de la guerra.
La historia del Tribunal Supremo en esta era es una de fracaso. En una serie de decisiones en 1919 y 1920, el tribunal consistentemente sostuvo las condenas de individuos que habían causado agitación contra la guerra y el reclutamiento militar; personas tan desconocidas como Mollie Steimer, una inmigrante judía de ascendencia rusa de 20 años que había arrojado pasquines antiguerra en yiddish desde un tejado en la parte baja del lado este de la ciudad de Nueva York, y tan famosos como Eugene Debs, quien había recibido casi un millón de votos en 1912 como candidato a la presidencia por el partido Socialista.
Entre 1919 y 1923, el gobierno liberó de la cárcel a todas las personas que habían sido condenadas por expresión sediciosa durante la guerra. Una década después, el presidente Roosevelt concedió amnistía a todas estas personas, restaurando íntegramente sus derechos políticos y civiles. Durante el medio siglo siguiente, el Tribunal Supremo anuló todas sus decisiones tomadas durante la Primera Guerra Mundial, sosteniendo en efecto que todas las personas que habían sido encarceladas en esta era por su disentimiento habían sido castigadas por declaraciones que deberían haber estado protegidas por la Primera Enmienda.
El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó Pearl Harbor. Dos meses después, el 19 de febrero de 1942, el presidente Franklin Roosevelt firmó la orden ejecutiva 9066, que autorizaba al Ejército a “designar áreas militares” de las cuales “se podía excluir a cualquier persona”. Aunque las palabras “japonés” o “estadounidense de origen japonés” nunca aparecieron en la orden, se sobreentendía que se aplicaba solamente a personas de ascendencia japonesa.
(vídeo en inglés) Durante los ocho meses siguientes, 120.000 personas de ascendencia japonesa fueron forzadas a abandonar sus hogares en California, Washington, Oregón y Arizona. Dos tercios de estos individuos eran ciudadanos estadounidenses, lo que representaba casi el 90 por ciento de todos los estadounidenses de origen japonés. No se presentaron cargos contra estas personas; no hubo vistas; no sabían dónde iban, cuánto tiempo estarían detenidas, a qué condiciones se enfrentarían o qué destino los esperaba. Muchas familias lo perdieron todo.
Siguiendo órdenes de la policía militar, estas personas fueron transportadas a uno de los 10 campos de confinamiento, los cuales estaban ubicados en áreas aisladas en desiertos ventosos o vastos pantanales. Hombres, mujeres y niños fueron colocados en salas abarrotadas sin más muebles que catres. Se vieron rodeados de alambre de púas y policía militar, y permanecieron así durante tres años.
En Korematsu vs. Estados Unidos, caso decidido en 1944, el Tribunal Supremo en una decisión de 6 votos contra 3, sostuvo la acción del presidente. El tribunal ofreció la siguiente explicación:
No ignoramos las dificultades impuestas a un gran grupo de ciudadanos estadounidenses. Pero las dificultades forman parte de la guerra, y la guerra es un conglomerado de dificultades. Korematsu no fue excluido de la costa oeste debido a hostilidad contra su raza, sino porque las autoridades militares decidieron que la urgencia de la situación exigía que todos los ciudadanos de ascendencia japonesa fuesen segregados de la zona. No podemos —disponiendo de la calmada perspectiva de la retrospección— decir que estas acciones fuesen injustificadas.
En 1980, una comisión del Congreso declaró que el confinamiento de japoneses no se había basado en consideraciones de necesidad militar, sino en un burdo prejuicio racial y en la conveniencia política. Ocho años después, el presidente Ronald Reagan firmó la Ley de Restauración de Libertades Civiles de 1988, la cual ofrecía una disculpa presidencial oficial y reparaciones para cada uno de los estadounidenses de origen japonés internados que había sufrido discriminación, pérdida de libertad, pérdida de propiedad y humillación personal debido a las acciones del gobierno de Estados Unidos.
¿Qué podemos aprender de esta historia? Me gustaría ofrecer cuatro observaciones.
Primero, Estados Unidos tienen una larga y desafortunada historia de reaccionar exageradamente a los peligros percibidos en tiempo de guerra. En cada instancia, hemos permitido que nuestro temor se apoderase de nosotros.
Segundo, frecuentemente se dice que a la luz de los sacrificios que pedimos que los ciudadanos (especialmente los soldados) hagan en tiempos de guerra, es un precio pequeño pedir a otros que cedan algunas de las libertades que tenían en tiempos de paz para ayudar en la guerra. Como sostuvo el Tribunal Supremo en Korematsu, “las dificultades forman parte de la guerra, y la guerra es un conglomerado de dificultades”. Éste es un argumento atractivo, pero peligroso. Para luchar una guerra con éxito es necesario que los soldados arriesguen la vida. Pero no es necesariamente “necesario” que otros renuncien a sus libertades. Dicha necesidad deber ser demostrada de modo convincente, no simplemente presumida. Y esto es particularmente cierto cuando, como suele suceder, los individuos cuyos derechos resultan sacrificados no son los que elaboran las leyes, sino minorías, disidentes y no ciudadanos. En esas circunstancias, “nosotros” tomamos una decisión de sacrificar “sus” derechos; una forma no muy prudente de equilibrar los intereses que compiten.
Tercero, se dice a menudo que el Tribunal Supremo no decidirá un caso contra el gobierno cuando se trate de una cuestión de seguridad militar durante un período de emergencia nacional. Las decisiones citadas con más frecuencia en apoyo de esta propuesta son los casos de la Primera Guerra Mundial sobre la libertad de expresión y Korematsu. De hecho, sin embargo, hay muchos ejemplos que muestran lo contrario. Durante la Guerra de Corea, el Tribunal rechazó la iniciativa del presidente Truman de incautar la industria del acero.
(vídeo en inglés) Durante la Guerra de Vietnam, el Tribunal Supremo rechazó repetidamente las reclamaciones de seguridad nacional del ejecutivo, incluyendo su iniciativa de impedir la publicación de los “Papeles del Pentágono”. Asimismo en años recientes, el Tribunal ha rechazado consistentemente las posturas de la administración de Bush en el período a partir del 11/S. Así que, aunque es verdad que el Tribunal tiende a tener cuidado de no “entorpecer” una guerra existente innecesariamente, también es verdad que el Tribunal tiene un historial importante de cumplir con su responsabilidad constitucional de proteger las libertades individuales; incluso en tiempos de guerra.
Cuarto, es útil tener en cuenta las circunstancias que han tendido a producir estos abusos. Invariablemente surgen de la combinación de una percepción nacional de peligro y una campaña concertada por el gobierno para promover una sensación de histeria nacional mediante la exageración, la manipulación y la distorsión. La meta del gobierno al fomentar tal ansiedad pública puede ser ganar la aceptación pública de las medidas que pretende imponer o ganar una ventaja política partidista, o por supuesto, ambas cosas.
(vídeo en inglés)La garantía de libertad de expresión de la Constitución de EE.UU protege la música y otras formas de entretenimiento popular que critican las políticas del gobierno, incluyendo, como se indicó arriba, las acusaciones durante la guerra de Vietnam.
No existe una fórmula fácil para proteger contra estos peligros. Para lograr el equilibrio correcto en tiempos de guerra, un país necesita jueces que se mantengan firmes contra las furias de su tiempo, miembros de la prensa y del sector académico que ayuden a los ciudadanos a ver los temas con claridad, autoridades públicas con la sabiduría para reconocer el exceso cuando lo haya y con el valor de preservar la libertad cuando esté en peligro, y lo más importante de todo, un público informado y tolerante que valore no solamente sus propias libertades, sino también las libertades de otros.
