Nadie puede estar en contra de la protección del medioambiente, ¿cierto? Entonces, ¿por qué un juez federal bloqueó los nuevos límites a la fracturación hidráulica que la administración Obama había impuesto? La fracturación hidráulica consiste en la perforación para extraer petróleo y gas inyectando en la roca una mezcla con agua a alta presión para liberar el combustible contenido en ella.
La respuesta tiene que ver con los controles y equilibrios entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del gobierno establecidos en la Constitución de Estados Unidos. Principalmente, la legislatura (el Congreso) aprueba leyes, el ejecutivo (el presidente y las agencias y departamentos que rinden cuentas ante él) aprueban y hacen cumplir las leyes, y el poder judicial decide las disputas respecto al significado de las leyes.
En ocasiones el Congreso aprueba una ley que delega parte de su autoridad a la rama ejecutiva. Por ejemplo, en el caso de la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act), el Congreso instruyó a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) que estableciera estándares de emisiones para reducir la contaminación atmosférica. La EPA prescribe reglamentos para ello, por ejemplo establece un máximo de partículas por millón de una sustancia determinada que esté permitido emitir.
Sin embargo las agencias solamente pueden prescribir reglamentos circunscritos a la esfera de poder que se les haya delegado. En el caso de la fracturación hidráulica, un juez federal dictaminó que el Congreso no había otorgado autoridad alguna al Departamento del Interior para regular la fracturación hidráulica.
In a blow to Obama administration, judge says federal regulators can't set fracking rules https://t.co/FbLYuwVxSk pic.twitter.com/Mc37ZgKXuf
— Los Angeles Times (@latimes) June 22, 2016
Tuit:
Los Angeles Times @latimes
Golpe a la administración Obama, un juez dictamina que los reguladores federales no pueden establecer normas para la fracturación hidráulica http://lat.ms/28OGvJ6 (en inglés)
12:30 horas – 22 de junio de 2016
El asunto, indica el tribunal, no es si la fracturación hidráulica “es buena o mala para el medioambiente o los ciudadanos de Estados Unidos”. El problema planteado era si el reglamento del Departamento “excedió su autoridad estatutaria”.
¿Y ahora qué?
La administración Obama puede presentar una apelación a la decisión ante un tribunal superior, incluso puede que el caso llegue hasta el Tribunal Supremo. Y el Congreso puede aprobar una ley que confiera al Departamento del Interior más autoridad para regular la fracturación hidráulica. Y como siempre, el pueblo estadounidense puede presionar a los funcionarios electos a que cambien las leyes.
