Alrededor de tres millones de civiles han padecido como resultado de la agresión de Rusia al este de Ucrania, de acuerdo con Samantha Power, la representante permanente de Estados Unidos ante las Naciones Unidas.
A pesar de la difícil crisis humanitaria en los territorios controlados por los separatistas, Rusia y los separatistas expulsaron en julio a las organizaciones internacionales de ayuda y siguen negando acceso a las organizaciones que tratan de distribuir los tan necesitados alimentos y medicamentos. Rusia envía lo que denomina “convoyes humanitarios” al este de Ucrania, pero prohíbe a los monitores ucranianos o internacionales la inspección de los camiones.
“¿Si sus convoyes están repletos con alimentos y medicamentos, porqué impedir a los inspectores internacionales comprobar qué es lo que contienen?”, preguntó Power el 28 de abril, al informar al Consejo de Seguridad de la ONU (en inglés).
Clima de impunidad
Las fuerzas combinadas rusas y separatistas siguen impidiendo a los monitores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa cumplir con su mandato. Cuando Rusia firmó los acuerdos de Minsk se comprometió a permitir el acceso a la OSCE para verificar el alto el fuego. Más bien Rusia y los separatistas metódicamente han amenazado e intimidado a los monitores, creando un “clima de impunidad” al este de Ucrania, según Power, que instó a Rusia y a los separatistas que respalda a permitir “el acceso pleno y sin obstáculos”.
Power dijo que las elecciones libres y justas en Ucrania, uno de los puntos claves en los acuerdos de Minsk, no podrán realizarse mientras los ciudadanos y monitores electorales no tengan libertad de movimiento. Las elecciones deberán realizarse de acuerdo a las leyes de Ucrania y en cumplimiento de las normas de la OSCE.
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