El 16 de marzo el presidente Obama designó a Merrick Garland como candidato a cubrir la vacante existente en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Garland es un juez federal con experiencia como fiscal y 18 años en la carrera judicial. Garland nació y se crio en Illinois. Se licenció de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y está casado. Tiene dos hijas ya crecidas.
En la actualidad Garland es el juez jefe del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
El fallecimiento del juez del Tribunal Supremo Antonin Scalia el 13 de febrero creó una vacante en el más alto tribunal de Estados Unidos.
Para asumir el puesto de Scalia, Garland debe ser confirmado por un voto mayoritario en el Senado de Estados Unidos.
Garland ha participado en algunos casos penales de importancia, incluyendo el procesamiento de Timothy McVeigh y Terry Nichols por los atentados con bombas de 1995 en un edificio federal de la Ciudad de Oklahoma que resultó en la muerte de 168 personas.
Durante sus horas libres a Garland le gusta esquiar, hacer senderismo y remar en canoa con su familia. Juntos han visitado muchos parques nacionales en Estados Unidos. Conozca mejor a Garland (vídeo en inglés)
Los principios democráticos de la designación
En virtud de la Constitución de Estados Unidos, el presidente y los miembros del Congreso son elegidos a sus cargos. Sirven un término específico (seis años para los senadores, dos para los representantes en el Congreso; cuatro para el presidente, que puede ser reelegido solamente una vez). Los jueces del Tribunal Supremo – como la mayoría de los jueces federales son nombrados para ocupar sus puestos con carácter vitalicio. ¿Por qué?
Los redactores de la constitución creyeron que es importante que los jueces, en particular, no tuvieran miedo de tomar decisiones impopulares. Así que decidieron que los miembros del poder judicial federal no serían elegidos para sus posiciones.
En el documento “Federalista 76”, una serie de ensayos publicados para persuadir a los estadounidenses del siglo XVIII de que adoptaran la nueva constitución propuesta, Alexander Hamilton rehusó que el Congreso eligiera los jueces (así como los embajadores y otros cargos públicos). Ello, escribió, crearía demasiado juego político entre los legisladores.
Mejor, argumentó, que el presidente haga la selección. En ese caso, Hamilton indicaba, la calidad del candidato tendría directamente efecto sobre la reputación del presidente y “naturalmente engendraría un sentido más vivo del deber y una preocupación más concreta” para hacer la elección adecuada.
Sin embargo la constitución también establece controles y equilibrios entre las tres ramas del gobierno. Si se permitiera al presidente nombrar a los jueces del Tribunal Supremo por su cuenta, su influencia y su poder podrían ser demasiado grandes, y la tentación de nombrar a favoritos políticos para cargos de jueces podría ser demasiado fuerte.
Permitir que el poder legislativo confirmara los candidatos presidenciales, Hamilton explicó, “sería un excelente freno a un espíritu de favoritismo en el Presidente, y tendería en gran medida a evitar que se designara a personajes no aptos debido a prejuicios sobre el Estado, conexiones de familia, apego personal, o desde un punto de vista de popularidad”.
¿Y ahora qué?
Desde 1789, el Senado ha confirmado alrededor de las tres cuartas partes de los candidatos al Tribunal Supremo. Antes de la votación de confirmación, los candidatos suelen comparecer ante la Comisión del Senado para Asuntos Judiciales, y responder a las preguntas de los miembros de la comisión. En los últimos años, los candidatos han explicado su filosofía judicial, pero en general se negaron a explicar cómo iban a pronunciarse sobre casos específicos. Estos procedimientos están abiertos al público, ampliamente cubiertos por los medios de comunicación, y transmitidos por televisión en su totalidad.
Hasta que el Senado confirme un candidato para el puesto del juez Scalia, el tribunal tendrá sólo ocho miembros. En caso de que estén divididos por igual en un caso, la decisión del tribunal inferior en dicho caso prevalecerá.